Santo Domingo.- El Gobierno dominicano y el de Estados suscribieron un marco de cooperación para fortalecer la seguridad y resiliencia de las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, así como promover nuevas oportunidades de inversión y desarrollo vinculadas a la extracción y procesamiento de estos recursos estratégicos.
El acuerdo fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores (Mirex), Víctor (Ito) Bisonó y la embajadora estadounidense, Leah Francis Campos, en un acto en el que estuvo presente el ministro de Energía y Minas (MEM), Joel Santos Echavarría.
El canciller Bisonó resaltó que trata de un acuerdo en el que República Dominicana y Estados Unidos prevén trabajar para proteger sus respectivos mercados de minerales críticos y tierras raras; identificar conjuntamente proyectos de interés y facilitar el financiamiento de proyectos ubicados en ambos territorios.
“Es una oportunidad que debemos abordar con visión de largo plazo y con una brújula muy clara: proteger nuestros intereses nacionales y procurar que el desarrollo de nuestros recursos genere cada vez mayor valor para el país y para nuestra gente”, indicó.
Asimismo, el funcionario destacó el marco de cooperación suscrito forma parte de la política exterior definida por el presidente Luis Abinader y la diplomacia económica activa impulsada desde el Mirex.
De su lado, Campos expresó que el acuerdo “no se limita únicamente a minerales; se trata sobre soberanía, seguridad y prosperidad compartida. Garantiza que, a la hora de extraer, procesar y fabricar los materiales del futuro, lo hagamos unidos, como socios de confianza, y no como países que dependan de la buena voluntad de otro”.
El marco de cooperación, que actualmente Estados Unidos ha firmado con 27 países, reconoce la importancia estratégica de los minerales críticos para la producción de tecnologías avanzadas y plantea acelerar el desarrollo de mercados, con el propósito de contribuir a la resiliencia y seguridad de las cadenas de suministro, desde la extracción minera hasta los procesos de separación y procesamiento.
El instrumento establece, además, que se trata de un plan de acción de carácter político y programático, que no constituye ni crea derechos u obligaciones bajo el derecho nacional o internacional, no da lugar a procedimientos jurídicos y no establece obligaciones legalmente vinculantes o exigibles, sean expresas o implícitas.