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¡Pasantías garantizadas! Instituciones del Estado servirían para garantizar experiencia de estudiantes

Santo Domingo.- El Senado de la República aprobó el jueves en segunda discusión un proyecto de ley que tiene el objetivo de crear un programa de pasantías para la formación laboral de los estudiantes en programas técnicos y universitarios.

Se trata de una iniciativa elaborada por el senador Gustavo Lara que le permitiría a los jóvenes de 18 a 35 años de edad asistir como aprendices a las instituciones gubernamentales, órganos constitucionales, entidades descentralizadas, ayuntamientos, así como a cualquier otra entidad que maneje fondos públicos.

La propuesta aún debe ser sometida al mismo procedimiento en la Cámara de Diputados (CD) y promulgada por el presidente Luis Abinader.

Según establece el proyecto, podrían participar los alumnos que estén cursando el último ciclo de su proceso de formación académica, excluyendo a quienes aún no hayan superado el nivel secundario.

Los seleccionados recibirían el salario mínimo del sector público como compensación económica, equivalente en la actualidad a RD$10,000; para “cubrir” los gastos directos e indirectos causados por el ejercicio de sus funciones.

El periodo de aprendizaje tendría una duración máxima de cinco meses, sin que este plazo “pueda ser prorrogado”.

Lara sugiere crear una plataforma digital a través de la cual los estudiantes puedan visualizar y postularse en las diversas pasantías que dispongan las entidades.

La pieza obligaría a las instituciones del Estado a mantener una cuota anual de pasantes de un 2% del total de empleados registrados en la nómina.

Además, plantea que las instituciones tengan la obligación de asignarle un tutor o guía a los pasantes, el cual derivaría de acompañamiento durante la práctica y estaría encargado de su evaluación.

A su vez, deberán asegurar que los estudiantes tengan acceso a pasantías que se alineen con su formación académica.

El sector privado podría acogerse a esta legislación para la convocatoria de pasantías; sin embargo, el Ministerio de Administración Pública (MAP) estaría encargado de delimitar las condiciones y criterios para evitar que los practicantes asuman funciones correspondientes a un empleado regular.

La remuneración económica en el caso de las empresas sería diferente, el auxiliar recibiría el salario mínimo del sector privado no sectorizado de las empresas grandes, situado en la actualidad en RD$29,988.

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