La Dirección General de Migración reveló que desarrolla sistemas de interoperabilidad con organismos de inteligencia, seguridad y justicia para identificar perfiles de riesgo, combatir la suplantación de identidad, los ciberdelitos y fortalecer la trazabilidad de personas vinculadas a actividades ilícitas.
Santo Domingo, RD.– República Dominicana está llevando el control migratorio a un terreno que va más allá de verificar pasaportes, detener indocumentados o vigilar la frontera: las autoridades buscan conectar información entre distintas agencias del Estado para detectar personas y operaciones que puedan estar vinculadas al lavado de activos y al crimen transnacional.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, informó que la institución desarrolla mecanismos de interoperabilidad e intercambio de datos junto al Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público.
La estrategia fue expuesta durante el 4.º Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por el Banco de Reservas, donde autoridades y representantes del sistema financiero analizaron los riesgos que generan la delincuencia organizada, los movimientos migratorios irregulares y la evolución de las modalidades utilizadas para movilizar recursos ilícitos.
Migración apuesta por cruzar información entre agencias
Uno de los puntos centrales planteados por Lee Ballester es que la capacidad de enfrentar estos delitos depende cada vez más de que las instituciones puedan compartir y analizar información de manera coordinada.
Según la DGM, esos sistemas permiten mejorar el perfilamiento de personas y apoyar procesos de identificación, investigación y prevención frente a delitos como la suplantación de identidad y los ciberdelitos.
El planteamiento conecta directamente el control migratorio con la seguridad nacional y la lucha contra estructuras criminales que pueden operar simultáneamente en distintos países y utilizar identidades, movimientos de personas o transacciones para intentar ocultar sus actividades.
El desafío: seguir el rastro de personas y capitales
Lee Ballester también llamó la atención sobre la informalidad en el manejo de capitales y la necesidad de fortalecer la trazabilidad migratoria y financiera de personas vinculadas a actividades delictivas.
El desafío cobra relevancia frente a redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el narcotráfico, el fraude y otras actividades que pueden generar recursos posteriormente incorporados al circuito económico.
Meses antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores había advertido sobre nuevas modalidades de trata de personas en las que víctimas son obligadas bajo amenazas a participar en estafas financieras, ciberdelincuencia y operaciones de lavado de activos, evidenciando la creciente conexión entre criminalidad organizada, tecnología y movilidad internacional.
Más de 15 millones de movimientos migratorios en ocho meses
La dimensión del reto también queda reflejada en el volumen de personas que entran y salen del territorio dominicano.
La Dirección General de Migración reportó que entre enero y agosto de 2026 se registraron 15.1 millones de movimientos migratorios a través de los aeropuertos del país.
La institución también proyecta alrededor de 12 millones de visitas al país al cierre de 2026, según lo expuesto por Lee Ballester durante el congreso.
Ese volumen obliga a las autoridades a combinar controles tradicionales con herramientas tecnológicas capaces de analizar información, identificar posibles irregularidades y reaccionar ante perfiles considerados de riesgo.
Del control migratorio a los tribunales
El fortalecimiento de los controles también se ha traducido en procesos judiciales.
Entre enero y agosto de 2026, Migración informó haber llevado ante la justicia 198 casos relacionados con delitos migratorios. Los expedientes incluyeron situaciones vinculadas al traslado de extranjeros en condición migratoria irregular y al intento de movilizar personas mediante documentación falsa.
El Aeropuerto Internacional de Las Américas concentró 50 de esos casos y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana otros 36, de acuerdo con los registros oficiales divulgados por la institución.
La DGM también ha reforzado la capacitación de inspectores para detectar documentos falsificados o adulterados en aeropuertos, puertos y puntos fronterizos.
Lavado de activos: un frente que involucra a múltiples sectores
República Dominicana cuenta con la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuyo sistema de prevención alcanza tanto a instituciones financieras como a distintos sujetos obligados no financieros.
Entre estos últimos figuran sectores como inmobiliarias, constructoras, fiduciarias, comercializadores de vehículos, joyerías, casas de empeño y determinados profesionales, de acuerdo con las normativas publicadas por la Dirección General de Impuestos Internos.
El debate actual, sin embargo, pone cada vez más énfasis en el uso de tecnología y análisis de información.
Durante el congreso de Banreservas, su presidente ejecutivo, Leonardo Aguilera, advirtió que la rápida evolución tecnológica también está generando modalidades de riesgo más sofisticadas para el sistema financiero, lo que obliga a mejorar la identificación de operaciones sospechosas y la cooperación institucional.
No se anunciaron nuevas leyes ni sanciones
Aunque las autoridades hablan de fortalecer los mecanismos contra el lavado de activos y los delitos vinculados con los flujos migratorios, hasta el momento no se ha anunciado como parte de esta iniciativa una nueva legislación ni un régimen adicional de sanciones.
El eje presentado por Migración está concentrado principalmente en interoperabilidad tecnológica, intercambio de información, perfilamiento de personas y coordinación interinstitucional.
Tampoco fueron detallados públicamente nuevos protocolos específicos de acceso a bases de datos ni un calendario para la implementación de herramientas adicionales.
El próximo paso estará, por tanto, en medir hasta qué punto esa integración entre Migración, inteligencia, fuerzas de seguridad y Ministerio Público se traduce en investigaciones, judicializaciones y detección temprana de estructuras vinculadas al crimen organizado.
En un país que recibe millones de viajeros cada año y que además enfrenta los desafíos propios de una frontera terrestre activa, la batalla contra el lavado y la criminalidad transnacional está entrando cada vez más en un escenario donde la información y la capacidad de conectar datos pueden ser tan importantes como el control físico de las fronteras.