Santo Domingo.- El psiquiatra José Miguel Gómez, el Defensor del Pueblo y el Instituto Dominicano de Derecho Penal rechazaron de manera conjunta la ola de muertes de presuntos delincuentes registradas en intercambios de disparos con la Policía Nacional (PN), llamando a las autoridades a poner un alto al fuego y ajustar la lucha contra el crimen al debido proceso.
El también asesor en salud mental del Poder Ejecutivo, rechazó que la PN recurra a las muertes de presuntos delincuentes bajo el esquema de los denominados “intercambios de disparos”, tras señalar que la institución no está en condiciones de atribuirse el derecho de decidir quién debe vivir.
Durante una entrevista en el programa D’AGENDA, que se transmite por Telesistema canal 11, el especialista sostuvo que la lucha contra la criminalidad debe ceñirse al debido proceso, aunque aclaró que los agentes tampoco deben dejarse agredir por antisociales armados.
“No estoy de acuerdo con los intercambios de disparos. Nunca. No se puede esperar que la Policía decida quién vive y quién no; eso no es correcto”, afirmó Gómez.
En su lugar, planteó que los reincidentes de alta peligrosidad sean localizados, arrestados y recluidos en cárceles de máxima seguridad bajo programas de rehabilitación.
A su vez, consideró alarmante que personas con hasta 20 fichas por delitos graves, como homicidio, secuestro y violación, continúen libres en las calles, lo que a su juicio refleja severas fallas en el control institucional y en la prevención.
El experto advirtió que la violencia social en el país golpea principalmente a una población joven y en edad productiva. Señaló que la mayoría de los infractores que incurren en pandillerismo, robos y bandolerismo son menores de 25 años.
Según Gómez, este sector proviene mayoritariamente de familias desestructuradas, con deserción escolar temprana, acceso prematuro a armas, inicio sexual antes de los 13 años y consumo de sustancias controladas. Destacó que estos jóvenes presentan una profunda confrontación con la autoridad, baja autoestima y conductas marcadamente antisociales.
Defensor del Pueblo
De su lado, Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, se pronunció acerca de las más de 40 muertes a manos de la Policía Nacional, resultado de los presuntos intercambios de disparos entre supuestos antisociales y agentes de la institución que han tenido lugar en las últimas semanas y en todo el territorio nacional.
“La seguridad ciudadana no puede quedar sin chapeo luego que es asesinado o que existe un intercambio de disparos. ¿Qué hacemos con la información que tenía ese delincuente? La Constitución, en su artículo 37, plantea el derecho a la vida desde la concepción. El 255 habla de que la Policía tiene la responsabilidad de resguardar nuestra seguridad y ser auxiliar del Ministerio Público”, apuntó.
Ulloa planteó que todo aquel que cometa un crimen o delito debe ser sometido a la acción de la justicia y destaca el rol de las cárceles, considerando necesaria la intervención de estos recintos penitenciarios como medida para contrarrestar el crimen organizado, narcotráfico, ciberseguridad y el tráfico de personas.
“Vamos a las cárceles, que es donde está realmente parte de la desestabilización de la seguridad de República Dominicana. Hagamos que el Ministerio Público instrumente los expedientes y el Poder Judicial dé sentencias que sean ejemplificantes”, sostuvo el funcionario.
“Dividamos los presos en aquellos que sean de sangre y aquellos que sean del crimen organizado y veamos una sociedad que justamente busca más seguridad”, agregó.
Derecho Penal
Mientras que, el Instituto Dominicano de Derecho Penal llamó a las autoridades a poner un “alto al fuego” ante el incremento de estas muertes y exhortó a que toda actuación de los organismos de seguridad se ajuste a la Constitución y las leyes.
Manifestó que las cifras oficiales señalan que 142 personas murieron en supuestos intercambios de disparos durante el primer semestre de 2026, un aumento de 16.4 % frente a igual período de 2025.
También señaló que, hasta el 25 de septiembre, 45 de los 99 homicidios registrados durante ese mes fueron clasificados como “Acción Legal”, equivalente al 45.5 % del total. La entidad sostiene que ninguna orden de arresto, antecedente o acusación convierte a una persona en condenada.